Piratería, antidescargas y manifiestos

En la polémica generada por la nueva ley “antidescargas” es difícil no tomar partido por uno u otro bando sin incurrir en algún error. Se trata de dos posturas tan defendibles como intolerables, todo depende del cristal… Por una parte, está la industria cultural, que con el respaldo de miles de artistas y creadores -supuestos artífices de la cultura-, recibe con los brazos muy abiertos la iniciativa del Gobierno de incluir en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que tendrá potestad -sin la orden previa de un juez- para bloquear las páginas web que alojen o faciliten sin permiso cualquier enlace a películas, canciones, videojuegos o cualquier otro archivo sujeto a derechos de autor.

Por otra parte está el mundo de los internautas, en el que éstos respiran un aroma de libertad como nunca ha sido posible, basado en la libre circulación de ideas y en la propagación de la cultura en general. Internet se ha convertido para muchos en una nueva Arcadia de democracia anónima por la que campar a sus anchas, nutriéndose de contenidos.

Entiendo a ambos y no comparto ninguna de sus egoístas ideas. Entiendo que los creadores quieran vivir de las ganancias generadas por sus proyectos, pero no entiendo que, habiendo estado históricamente a la vanguardia de las reivindicaciones sociales, quieran que una nueva Inquisición caiga sobre cualquier persona o institución sin la intervención previa de ningún juez. Los artistas quieren crear su propia democracia. También entiendo que los internautas, que ahora viven en el proceloso mar del gratuito acceso a cualquier contenido, se sientan frustrados, porque esté a punto de morir la gallina de los huevos de oro; el problema es que muchos de estos locos de las descargas corren como posesos a registrar cualquier mejora de software o programa de creación propia que pudiera reportarles algún beneficio. Es decir, también quieren su propia democracia.

Todo es una falacia basada en los intereses de cada uno. En el caso de muchos artistas, si se consiguieran regular las descargas, nadie pagaría por su producto; y en el caso de los internautas, ninguno de ellos estaría interesado en hacerse con el 90% de sus preferencias actuales.

Lo único que se ha conseguido hasta ahora por ambas partes, es redactar manifiestos que defienden la postura de cada colectivo. Al firmado por 2.500 músicos, respondió el mundo internauta con el suyo, En defensa de los derechos fundamentales en Internet, redactado y apoyado por un grupo de periodistas, responsables de páginas web, profesionales y creadores de Internet. Aunque no esté de acuerdo al 100% con el mismo, se acerca mucho más a la idea de libertad que siempre me ha inspirado la red. Aquí os lo dejo para que juzguéis vosotros mismos:

“1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia”.

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